Ministerio del Interior

PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 2017-2021 BUSCA ATENDER Y REINTEGRAR AL 80% DE VÍCTIMAS RESCATADAS

Jueves, 8 Junio 2017 - 3:00pm

NOTA DE PRENSA MININTER N° 749 – 2017

 

Sectores involucrados deberán asignar presupuesto, estrategias y metas para combatir este flagelo. El 100% de los planes de integración y reintegración deberán ser implementados.

 

Con la indicación explicita de un presupuesto para cada sector, relación de estrategias, metas y un enfoque centrado en la atención y reintegración de las víctimas, el Estado peruano aprobó mediante el Decreto Supremo N°017-2017-IN el Plan Nacional contra la Trata de Personas, norma que regirá las políticas públicas hasta el año 2021.

 

Este instrumento, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, consta de siete capítulos y cuatro objetivos estratégicos para guiar las acciones de los diversos sectores del Estado.

 

Miguel Huerta Barrón, director General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior (Mininter), entidad que lidera las acciones contra la trata de personas, informó que en el plan se estipula, por primera vez, que las instituciones públicas deben designar un presupuesto para abordar este problema de inseguridad ciudadana.

 

“La implementación y cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional, a cargo de las entidades competentes, se financian con el presupuesto institucional autorizado en las Leyes Anuales de Presupuesto y en el marco de las disposiciones legales vigentes. Los titulares de las carteras con competencia en la materia dispondrán de la asignación específica de presupuesto para su sector”, explicó Huerta.

 

En cuanto al eje central de esta guía multisectorial, que es la atención y reintegración de personas captadas por los tratantes, se precisa que al 2021 al menos el 80% de víctimas rescatadas de este delito, en cualquiera de sus formas de explotación, deben haber sido acogidas por los servicios especializados. Asimismo, el 100% de los planes de integración y reintegración deberán haber sido implementados en el transcurso de ese tiempo.

 

El plan también contempla el mejoramiento de los servicios de protección, incluidos los de acogida, atención de emergencia, acceso a la justicia, salud integral, seguridad, repatriación, entre otros. En este punto, el eje central nuevamente es la víctima. Así, al 2018 deben existir al menos cinco ambientes de protección transitoria, debidamente equipados para atender a las víctimas; al 2020, el Perú deberá contar con ocho centros y al 2021 con 10 establecimientos de protección y atención.

 

En cuanto a los documentos de identidad y situación migratoria de las víctimas, se prevé que al 2021 el total de las personas rescatadas deban contar con un documento de identidad válido y vigente, emitido de manera gratuita. Ello incluye a las víctimas extranjeras, a fin de resolver su situación migratoria en el país.

 

Sobre la defensa legal de las víctimas, el plan detalla que el 100% de los Defensores Públicos de Víctimas deberá estar capacitado en trata de personas y sus diversas formas de explotación. Se precisa, además, que 15 Direcciones Distritales contarán con Defensores Públicos Especializados en Trata de Personas, y que el 90% de las víctimas cuenten con un defensor público asignado.

 

Estas acciones estarán a cargo de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Salud, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, así como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia Nacional de Migraciones, Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía Nacional, los gobiernos regionales y la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial.

 

En el objetivo estratégico de fiscalización y persecución del delito, el también secretario técnico de la Comisión Multisectorial contra la Trata de personas manifestó que al 2021 el 50% de acciones de fiscalización realizadas deberán contar con la participación de la policía o de la fiscalía especializada.

 

En la misma línea, al menos 80% de los operativos realizados anualmente contarán con la participación de los sectores que tienen competencia en atención y protección de víctimas, y se deberán realizar cuatro operativos transfronterizos contra la trata de personas y sus formas de explotación. Este objetivo será ejecutado entre la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el de Comercio Exterior y Turismo, así como Migraciones, gobiernos locales y gobiernos regionales.

 

En este plan, el gobierno también apuesta por un trabajo descentralizado de lucha contra la trata de personas. Es así que se continuará con la promoción de planes regionales y locales. Estos permitirán adaptar las metas y objetivos generales a las realidades locales. En este momento, la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial ejecuta labores de asistencia técnica en las 24 regiones. Al 2021, el 70% de comisiones, mesas o redes regionales deberán contar con planes aprobados.

 

La coordinación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional, a nivel de los gobiernos locales y regionales, estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; es decir, por la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.

 

En este contexto, el Ministerio del Interior destinará S/ 7’500.000 para esta estrategia, que serán divididos entre la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirintrap) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad Democrática.

 

Es importante señalar que en la elaboración de este plan participaron las diversas instituciones del sector público integrantes de la Comisión Multisectorial, así como la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones especializadas en el tema.

 

Descarga Plan Nacional: link 

 

Lima, 8 de junio del 2017

Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional

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